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Washington, D.C., 3 de julio de 2009 –
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su
profunda preocupación por el decreto ejecutivo 011-2009 adoptado por
las autoridades de facto en Honduras, mediante el cual se suspenden
derechos fundamentales tales como la libertad personal, permitiendo
la detención e incomunicación por más de 24 horas, la libertad de
asociación y de reunión, y el derecho a circular libremente, salir,
entrar y permanecer en el territorio de Honduras.
La CIDH desea reiterar que la
suspensión de derechos procede sólo en situaciones excepcionales
fijadas taxativamente por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y en ningún caso la suspensión de la libertad personal puede
implicar una limitación del recurso de habeas corpus o de otros
medios idóneos y efectivos para la revisión judicial de las
detenciones, ni de las garantías judiciales indispensables para la
protección de la vida y la integridad personal.
Asimismo, la CIDH decidió el 2 de
julio de 2009 una nueva ampliación de las medidas cautelares MC
196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad de personas en
Honduras respecto de las cuales se ha recibido indicaciones de la
existencia de una situación de riesgo.
La CIDH solicitó que se adopten las
medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de
todos los beneficiarios. En particular, respecto de las personas
detenidas y/o con paradero desconocido, la Comisión solicitó que se
informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se
disponga su inmediata libertad. Las medidas cautelares 196-09 fueron
originalmente otorgadas el 28 de junio a favor de la Ministra de
Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, y ampliadas el 29 de junio de
2009 a otras personas, tal como fue informado a través del
Comunicado de Prensa No. 45/09. La CIDH solicitó contar con
información sobre la implementación de las medidas requeridas en un
plazo de 48 horas.
En la misma misiva, la Comisión
Interamericana comunicó que, en atención a las disposiciones de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, deben ser adoptadas
todas las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad
personal de los defensores de derechos humanos, los periodistas, los
familiares del Presidente Zelaya, y los observadores internacionales
presentes en Honduras. Al igual que en los días previos, la CIDH
dirigió esta carta al Presidente del Congreso y el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, autoridades que permanecen en sus cargos
tras el golpe de Estado, debido a la imposibilidad de dirigirse en
este momento al Presidente constitucional de Honduras, Manuel
Zelaya, y a la Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas.
A través de la ampliación decidida hoy
por la CIDH, las siguientes personas pasaron a estar incluidas en el
marco de las medidas cautelares:
-
Adriana Sivori, periodista de
TeleSUR, respecto de quien se ha recibió información de que fue
detenida arbitrariamente por fuerzas militares, despojada de sus
equipos de trabajo y documentación, y trasladada a un lugar
desconocido
-
Alan McDonald, caricaturista,
especto de quien se recibió información de que fue detenido junto
con su hija de 17 meses y que un grupo de soldados saqueó su casa
y destruyó sus caricaturas
-
Alejandro Villatoro, periodista de
Radio Globo,
-
Andrés Pavón Uribe, Miembro del
comité de derechos humanos de Honduras,
-
Ángel Alvarado, miembro del comité
nacional de resistencia,
-
Arcadia López, Ministra de staff de
la casa presidencial,
-
Bertha Oliva de Nativí, miembra del
comité de familiares detenidos y desaparecidos de Honduras,
-
Carlos Eduardo Reina, miembro del
Comité nacional de resistencia,
-
Carlos Humberto Reyes, miembro del
bloque popular,
-
Carlos Melano, Asistente del
presidente Zelaya,
-
Clyburn St. John, periodista de
TeleSUR,
-
Danny Reyes, dirigente de la
Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, respecto de quien se recibió
de que fue trasladado a una estación policial el 29 de junio de
2009
-
David Ellner Romero, periodista del
canal 36 y/o Radio Globo, respecto de quien se recibió información
de que fue desaparecido forzosamente el 28 de junio de 2009 por
efectivos militares encapuchados
-
Doris García, Ministra del instituto
nacional de la mujer,
-
Eduardo Maldonaldo, periodista del
canal 36, respecto de quien se recibió información de que habría
sido desaparecido forzosamente el 28 de junio de 2009 por
efectivos militares encapuchados
-
Edward Yeferí Lobo Sánchez, defensor
de los derechos de la niñez y juventud
-
Enrique Flores Lanza, Secretario de
la presidencia,
-
Enrique Reina, Asistente del
presidente Zelaya,
-
Eulogio Chávez, miembro del Comité
nacional de resistencia,
-
Franklin Mejía, periodista de Radio
Globo,
-
Freddy Quintero, periodista de
TeleSUR, respecto de quien se ha recibido información de que
habría sido detenido arbitrariamente por fuerzas militares,
despojada de sus equipos de trabajo y documentación, y trasladada
a un lugar desconocido
-
Guillermo de Jesús Mayen Jiménez,
defensor de los derechos de la niñez y juventud y miembro del
partido político unión democrática, respecto de quien se recibió
información de que fue perseguido y acosado por las fuerzas de
seguridad por su pertenencia al partido unión democrática
-
Hector Licona, funcionario de la
Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, respecto de quien se recibió
información de que habría sido trasladado a una estación policial
el 29 de junio de 2009
-
Israel Moreno, director de la Radio
Progreso,
-
Israel Salinas, Miembro del
sindicato mayoritario,
-
Juan Barahona, miembro del bloque
popular,
-
Larry Sánchez, periodista de TeleSUR,
respecto de quien se recibió información de que fue detenido
arbitrariamente por fuerzas militares, despojado de sus equipos de
trabajo y documentación, y trasladado a un lugar desconocido
-
Lidieth Díaz, periodista de Radio
Globo,
-
Luter Castillo Harris, Jefe de
cooperación externa de a cancillería de la república,
-
Madeleine García, periodista de
TeleSUR,
-
Marco Tulio Burgos Córdova,
Comisionado Nacional del Comité Permanente de Contingencias,
-
María José Díaz, periodista de
TeleSUR, respecto de quien se recibió información de que habría
sido detenida arbitrariamente por fuerzas militares, despojada de
sus equipos de trabajo y documentación, y trasladada a un lugar
desconocido
-
Marvin Ponce, Diputado del congreso
nacional por el partido unificación democrática,
-
Matilde Durón Ochoa, defensora de
los derechos de la niñez y juventud,
-
Mayra Mejía, Secretaria del Trabajo,
-
Milton Jiménez Puerto, Presidente de
la Comisión de Banco y Seguros,
-
Miriam Mejh, Instituto de la
Juventud,
-
Orlando Villatoro, periodista de
Radio Globo,
-
Patrick Pavón, funcionario de la
Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, respecto de quien se recibió
información de que fue agredido por efectivos de la Policía
Nacional y militares
-
Rafael Alegría, dirigente nacional
de la vía campesina,
-
Regina Osorio, periodista de TeleSUR,
-
Roger Ulises Peña, sindicalista,
respecto de quien se recibió información de que fue atropellado a
las 9:00 a.m. del lunes 29 de junio de 2009 por un comando militar
y que se encuentra en estado de gravedad
-
Rony Martínez, periodista de Radio
Globo,
-
Salvador Zúñiga, miembro del consejo
cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras,
-
Sara Elisa Rosales, miembro de la
organización las lolas y movimiento feminista,
-
Tomás Andino Mencía, defensor de los
derechos de la niñez y juventud.
Por otra parte, la Comisión solicitó
información sobre las siguientes situaciones:
Estado de excepción
-
si se han adoptado medidas
excepcionales para restringir o suspender derechos individuales y,
en ese caso, cuáles medidas han sido adoptadas para asegurar la
observancia de los derechos fundamentales y garantías judiciales
inderogables de las personas;
-
el decreto 011-2009, mediante el
cual se restringieron derechos fundamentales;
-
si se ha producido alguna muerte en
conexión con el golpe de Estado, y en este caso información
específica al respecto;
-
el reclutamiento forzoso de niños y
adolescentes al Ejército;
-
la totalidad de las detenciones que
habrían practicado desde el día 28 de junio de 2009 en conexión
con el golpe de Estado o en operativos de control de orden público
posteriores, identificación completa de las personas detenidas y
causas de cada detención, si hay personas recluidas en
establecimientos militares o dependencias policiales, si existen
personas detenidas incomunicadas y tiempo de incomunicación, si
existen disponibles y en funcionamiento recursos judiciales para
revisar las causas y condiciones de esas detenciones;
-
la toma de HONDUTEL por parte de
efectivos militares; y
-
el corte deliberado de servicios de
luz y teléfono.
Libertad de expresión
-
la clausura del Canal 36, el Canal 8
y medios de comunicación estatal;
-
la prohibición al Diario El Tiempo y
el Canal 11 de transmitir declaraciones de funcionarios del
Gobierno del Presidente Zelaya;
-
la toma y clausura de Radio Progreso
por elementos militares;
-
la orden, bajo amenaza de fuerza,
para que dos equipos de TeleSUR desmontasen sus equipos e
interrumpiesen transmisiones;
-
la prohibición de transmitir a
canales de televisión por cable (vg. TeleSUR, CNN, CubaVisión
Internacional); y
-
la toma de Radio Globo por elementos
militares y las presuntas vejaciones, amenazas e intimidaciones
contra su personal.
La Comisión
Interamericana condenó enérgicamente el golpe de Estado y la ruptura
del orden constitucional que tuvieron lugar el 28 de junio de 2009
en Honduras, a través de un comunicado emitido esa misma fecha. La
CIDH reitera el llamado urgente realizado en esa oportunidad, para
que se restaure el orden democrático en Honduras y para que se
respeten los derechos humanos, el Estado de Derecho y la Carta
Democrática Interamericana. En la misma fecha, la Organización de
Estados Americanos (OEA), a través de una resolución del Consejo
Permanente, condenó el golpe de Estado y
la detención arbitraria y expulsión
del país del Presidente Zelaya, exigió el inmediato, seguro e
incondicional retorno del Presidente Zelaya a sus funciones
constitucionales y anunció que no se reconocerá ningún gobierno que
surja de esta ruptura inconstitucional. La Asamblea General
Extraordinaria de la OEA aprobó el 1 de julio una resolución en la
cual da un plazo de 72 horas para la restauración de la democracia,
pasado el cual se aplicará el artículo 21 de la Carta Democrática
Interamericana para suspender a Honduras de la organización.
La CIDH es un
órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está
integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en
forma personal, que no representan a ningún país en particular y que
son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
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