12.
El primer instrumento emanado de la Junta de Gobierno, el 11 de
septiembre de 1973, se refiere a la independencia del Poder Judicial chileno.
Así, en el Decreto Ley Nº 1 --que constituye la Junta de Gobierno y
declara que ella ha asumido el mando supremo de la Nación-- los Comandantes en
Jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros
Declaran
que la Junta, en el ejercicio de su misión, garantizará la plena eficacia de
las atribuciones del Poder Judicial y respetará la Constitución y las Leyes de
la República, en la medida en que la actual situación del país lo permitan
para el mejor cumplimiento de los postulados que ella se propone.
13.
Como puede advertirse, esta primera disposición declarativa fija ya los
límites dentro de los cuales la independencia del Poder Judicial será
garantizada por la Junta de Gobierno: en
la medida en que “la situación del país lo permita” y subordinada al
cumplimiento de las metas que se propone lograr.
14.
La independencia del Poder Judicial, en el proceso que se inicia con el
pronunciamiento militar, queda así afectada por medio de dos tipos de medidas
de las nuevas autoridades. Por una
parte, a través de la sustracción de algunas de sus funciones jurisdiccionales
propias para someterlas a la jurisdicción militar, proceso que será expuesto
posteriormente en este capítulo. Por
otra parte, a través del ejercicio de los poderes legislativo y constituyente
que la Junta de Gobierno se adjudica. Ambas
tendencias se formalizan en las disposiciones de la Constitución de 1980.
15.
Un tercer factor, proveniente del propio Poder Judicial, tiende también
a afectar su independencia: su
autolimitación a los aspectos de la aplicación mecánica y formal de las
disposiciones emanadas de la autoridad política y la excesiva flexibilidad
demostrada en la tramitación de los recursos a ella sometidos.
Estos aspectos son materia de la exposición que sigue.
a. Ejercicio de los Poderes
Constituyente y Legislativo por la Junta de Gobierno y la Independencia del
Poder Judicial
16.
La función específica del Poder Judicial en Chile, como en todos los países
que se basaron en el sistema jurídico que se origina en el Derecho Romano, ha
sido la aplicación de la ley. Sin
embargo, dicha aplicación no ha sido mecánica; la interpretación de la misma
conforme a los principios generales del Derecho, la doctrina y la jurisprudencia
ha exigido una atenta consideración de las disposiciones legales cuando ellas
han sido aplicadas a los casos concretos. Adicionalmente,
el Poder Judicial en Chile había poseído una facultad de singular importancia:
evaluar la adecuación de los dispositivos legales con las normas de la
Constitución, facultad reconocida en el Artículo 86, inciso 2º de la
Constitución de 1925.
17.
Este marco general que regía la acción del Poder Judicial se encontraba
en estrecha correspondencia con los procedimientos establecidos para la formación
de las leyes --Artículos 45 a 55 de la Constitución de 1925-- que garantizaban
una elaboración legal con la participación de los principales sectores de la
sociedad chilena que, por su parte, conocían avanzados niveles de organización.
La discusión parlamentaria, a su vez, recibía la difusión que
caracteriza a las sociedades con una amplia libertad de expresión.
Se trataba, por tanto, de un verdadero sistema en el cual diversas
instituciones interactuaban para eliminar de los dispositivos legales aquellos
elementos considerados inconvenientes y el Poder Judicial se encargaba de
corregir, en los casos concretos, los defectos que pudiesen haber superado el
procedimiento ejecutado.
18.
Esta situación cambia radicalmente con motivo del pronunciamiento
militar del 11 de septiembre de 1973. La
potestad legislativa pasas a ser desempeñada, como ya fuera señalado, por la
Junta de gobierno, la cual carece de cualquier tipo de control social en el
ejercicio de esa facultad. Ya se
mencionó en el Capítulo II el Decreto Ley Nº 228 de 1974, cuyo Artículo 2
declaró “ajustadas a derecho” todas las medidas adoptadas por las
autoridades en virtud del estado de sitio, frente a la abierta contradicción
existente entre esas medidas y las normas de la Constitución de 1925 aún
vigentes en esa fecha. Otras
disposiciones emanadas de la Junta de Gobierno en el ejercicio de la potestad
legislativa implicaron también una clara irregularidad desde el punto de vista
legal y judicial.
19.
Así, ante controvertidas interpretaciones del Artículo 6º del Decreto
Ley Nº 472 sobre incompatibilidad de indemnizaciones de los trabajadores por años
de servicios y frente al hecho de que los Tribunales del Trabajo habían dictado
sentencias favorables a la compatibilidad de las indemnizaciones, la Junta de
Gobierno dictó el Decreto Ley Nº 1.270 considerando que se había
“pretendido dar una interpretación distinta al espíritu que tuvo el
legislador al dictar la norma en cuestión”, derogando la disposición legal
controvertida (Artículo 58 de la Ley Nº 7.225).
20.
También la Junta de Gobierno de chile usó el mismo procedimiento al
aprobar el Decreto Ley Nº 1.387, publicado en el Diario Oficial del 31 de marzo
de 1976, interpretando restrictivamente un recurso de reclamación sobre las
atribuciones del Jefe Militar de la Zona de Emergencia, prevista en el Artículo
34 de la Ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.
21.
Un ejemplo de rapidez en el ejercicio del poder legislativo lo constituye
el Decreto Ley Nº 2.882 del 9 de noviembre de 1979 que establece que el
personal civil que trabaja para la CNI “será considerado como integrante de
las Fuerzas Armadas para todos los efectos jurisdiccionales y disciplinarios”.
Este decreto ley fue dictado poco tiempo después que la Corte de
Apelaciones se expidiera en el caso del profesor Alvarez Santibañez –ver capítulos
III, sección D, punto b y IV, Sección C, punto e—señalando
la participación en los hechos, en calidad de encubridor, del médico que
otorgara en esa oportunidad un certificado sobre las buenas condiciones de salud
del afectado al abandonar el local de la CNI.
El médico en cuestión, por lo tanto, quedó cubierto por la jurisdicción
de los tribunales militares.
22.
En lo que se refiere al ejercicio de la potestad constituyente por parte
de la Junta de Gobierno, cabe señalar que, al mantenerse vigente la Constitución
Política de 1925, la Corte Suprema de Chile pudo ejercer la facultad que le
confería el Artículo 86 y declarar inaplicables por inconstitucionales los
decretos leyes contrarios a la Constitución en los casos particulares que
conociere o le fueren sometidos en recurso.
Ante ello, la Junta de Gobierno, mediante el Decreto Ley Nº 788 declaró:
que los
decretos leyes dictados hasta la fecha por la Junta de Gobierno, en cuanto sean
contrarios o se opongan, o sean distintos, a algún precepto de la Constitución
Política del Estado, han tenido y tienen la calidad de normas modificatorias,
ya sea de carácter expreso o tácito, parcial o total, del correspondiente
precepto de dicha Constitución.
23.
Esta disposición impidió a la Corte Suprema, en la práctica, ejercer
las facultades del Artículo 86 respecto de los 787 decretos y leyes dictados
con anterioridad. El Decreto Ley Nº
788 estableció que no regían sus disposiciones respecto de las sentencias
judiciales ejecutoriadas con anterioridad a su publicación en el Diario Oficial,
afectando, por tanto, únicamente, a los recursos de inaplicabilidad pendientes
hasta esa fecha en la Corte Suprema.
24.
La forma de ejercitar la potestad constituyente y legislativa por parte
de la Junta de Gobierno es particularmente demostrativa en el caso de este
Decreto Ley Nº 788, ya que el mismo se dictó mientras se encontraba pendiente
ante la Corte Suprema un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del
Decreto Ley Nº 81 que había dispuesto la expulsión del país del ex-senador
Renán Fuentealba. El mencionado
Decreto Ley Nº 788 eliminó la incompatibilidad del Decreto Ley Nº 81 con la
Constitución de 1925 que o autorizaba a la autoridad administrativa a expulsar
a nadie del país. El recurso fue
rechazado.
25.
Similar presteza en el ejercicio de los poderes constituyente y
legislativo por parte de la Junta de Gobierno fue demostrada en el caso de la
clausura de Radio Balmaceda por Bando Militar de la Zona de Emergencia en el mes
de enero de 1978. Cuando el
afectado interpuso ante la Corte de Apelaciones el recién establecido recurso
de protección cuestionando la legitimidad de la medida, la Junta de Gobierno
emitió el Decreto Ley Nº 1.684, publicado el 31 de enero de 1978, que dispuso
en su artículo único:
Derógase
el Artículo 14 del Acta Constitucional Nº 4 de 1976 y sustitúyese por el
siguiente: “El recurso de
protección establecido en el Artículo 2 del Acta Constitucional Nº 3 será
improcedente en las situaciones de emergencia, sea de las contempladas en el
Acta Constitucional Nº 4, de 1976, o en otras normas constitucionales o legales”.
26.
El recurso de protección interpuesto fue rechazado.
27.
Igual forma de ejercer el poder constituyente concentrado en ella empleó
la Junta de Gobierno de Chile al dictar el Decreto Ley Nº 1.283, publicado en
el Diario Oficial del 16 de diciembre de 1975, en atención a que “numerosos
interesados particulares han pretendido encontrar una fuente de lucro en el
erario nacional mediante la interposición actual de acciones judiciales
tendientes a obtener, ahora, ingentes sumas de dinero por concepto de
indemnizaciones… basándose en las irregularidades que, en su oportunidad
aceptaran que cometiera el Gobierno anterior”.
En ejercicio de la Potestad Constituyente la Junta de Gobierno mediante
el Decreto Ley Nº 1.283, citado, estableció un impuesto a beneficio fiscal del
85% de lo obtenido en el juicio correspondiente y declaró extinguidas las
acciones hacia el futuro.
28.
Como fuera señalado en el Capítulo II de este Informe, las
disposiciones emanadas de la Junta de Gobierno en materia de estados de excepción
--Decretos Leyes Nº 527 y Nº 640 de 1974 y el Acta Constitucional Nº 4 de
1976-- implicaron profundas modificaciones de la Constitución de 1925 en lo
referente a la tipología de los estados de excepción contemplados, a los
derechos individuales restringidos durante la vigencia de los mismos y a las
facultades del poder político que podían ser ejercitadas, tanto para
declararlos como para adoptar diversas medidas mientras ellos rigieran.
El Poder Judicial vio así claramente disminuidas sus potestades en
relación con la protección de los derechos de las personas, según lo
dispuesto por estas normas emanadas de la Junta de Gobierno en el ejercicio de
los poderes legislativo y constituyente.
29.
Un instrumento de particular significación por sus aplicaciones
posteriores lo constituye el Decreto Ley Nº 2.191 del 19 de abril de 1978, que
concedió una amplia amnistía a quienes hubiesen incurrido en hechos
delictuosos en calidad de autores, cómplices o encubridores durante la vigencia
del estado de sitio, a menos que se encontrasen sometidos a proceso o condenados
a la fecha de la promulgación del dispositivo.
La aplicación de esta amnistía a funcionarios de seguridad implicados
en diversas violaciones a los derechos humanos se presentará más adelante en
este capítulo, especialmente al referirse a la actuación de los tribunales
militares. Cabe señalar también
que esta amnistía benefició a las personas condenadas por esos tribunales,
muchos de los cuales abandonaron el país.
b.
Las Funciones del Poder Judicial en la Constitución de 1980
30.
La Constitución de 1980 asigna a la Junta de Gobierno la facultad de @Dictar
las leyes interpretativas de la Constitución que fueren necesarias”, en la 18º
disposición transitoria, literal C.
De est forma, la tradicional facultad interpretativa del Poder Judicial
queda sensiblemente menoscabada debido al expeditivo ejercicio del Poder
Legislativo que ha caracterizado a la Junta de Gobierno.
31.
Resultan también demostrativas de la grave vulneración del derecho a la
justicia, las facultades concedidas al Presidente de la República por la
Vigesimocuarta Disposición Transitoria de la Constitución de 1980. Tal como fuera expuesto en el Capítulo II de este Informe,
esta disposición transitoria crea una nueva modalidad de estado de excepción
..cuya puesta en práctica corresponde exclusivamente al Presidente—que
permite restringir severamente un conjunto de derecho personales.
32.
En muchos de los casos contemplados por la 24º disposición transitoria,
las medidas adoptadas por el Presidente de la República constituyen verdaderas
penas --especialmente en el caso de las relegaciones, expulsiones del país y
prohibiciones de ingreso al mismo—aplicadas sin proceso de ninguna especie y
frente a las cuales el Poder Judicial sólo puede pronunciarse respecto a los
aspectos meramente formales, como se desprende del fallo de la Corte Suprema en
el caso de los señores Insunza y Rodríguez presentado en el Capítulo VI,
Sección C, punto b. Tal
como fuera señalado en el Capítulo II, el recurso concedido por esta disposición
transitoria se convierte en una simple solicitud de gracia ante el Presidente de
la República, por lo cual las personas quedan libradas a la potestad de éste
sin que al Poder Judicial le quepa ninguna participación efectiva.
33.
Esta característica es también clara en lo que se refiere a la vigencia
de los estados de excepción constitucional, durante los cuales no proceden los
recursos de amparo y de protección en el caso de los estados de asamblea y de
sitio según el Artículo, 41 inciso 3º de la Constitución de 1980.
También dispone esta norma que en esta situación “los tribunales de
justicia no podrán, en caso alguno, entrar a calificar los fundamentos de hecho
de las medidas que haya adoptado la autoridad en el ejercicio de sus facultades”.
Se trata, por tanto de una grave disminución de las prerrogativas de los
tribunales que contribuye a reforzar la desprotección de los individuos frente
a los poderes del Estado.
34.
Igual limitación a la competencia del Poder Judicial se deriva de lo
dispuesto por el artículo 79 de la Constitución de 1980 que exceptúa de la
superintendencia de la Corte Suprema a los tribunales militares.
La Constitución de 1925 no efectuaba ese distingo, por lo cual los
tribunales militares quedaban sometidos a su control según había decidido la
Corte Suprema de jurisprudencia que, sin embargo, se modifica en 1974 como será
señalado más adelante.
35.
Los casos citados –que no son más que algunas—demuestran claramente
cómo el ejercicio de la potestad jurisdiccional se ha visto profunda y, a veces,
burdamente menoscabada por el discrecional empleo por parte de la Junta de
Gobierno de las amplias facultades en ella concentradas.
Esta situación, sin embargo, no puede explicarse si no se hace
referencia a ciertos comportamientos del Poder Judicial que han facilitado las
claras extralimitaciones que han tenido lugar.
Este aspecto es considerado en el punto siguiente.
c.
Las Autolimitaciones del Poder Judicial
36.
El Poder Judicial en Chile, durante el período cubierto por el presente
Informe, ha restringido su acción de manera tal que ha facilitado, en muchos
casos, las extralimitaciones del poder político en perjuicio de los derechos de
las personas. La exposición que se
realiza a continuación se centra en algunos aspectos demostrativos de este
comportamiento: la renuncia por
parte de la Corte Suprema a ejercer la facultad de superintendencia de todos los
tribunales que operan en el territorio de Chile, la aplicación meramente formal
de las disposiciones emanadas de la Junta de Gobierno y la renuencia a efectuar
investigaciones exhaustivas cuando se ha tratado de comprobar violaciones a los
derechos humanos imputadas a las fuerzas de seguridad.
37.
Un primer hecho que debe ser mencionado es la renuncia de la Suprema
Corte de Justicia de Chile a pronunicarse sobre los recursos a ella presentados
en contra de las sentencias emitidas por los Consejos de Guerra, decisión
adoptada con fecha 21 de agosto de 1974. Est
situación mereció el siguiente comentario de un prestigioso jurista chileno:
Antes del
13 de noviembre de 1973, la Corte Suprema no había rehusado ejercer su
jurisdicción y competencia de acuerdo con los Artículos 80 y 86 de la
Constitución, y de los Artículos 108 de la Ley Orgánica de Tribunales y 540
del Código Orgánico de Tribunales. Desde
esa fecha, prevalece una errónea jurisprudencia que pretende que en tiempo de
guerra ese alto tribunal carece de jurisdicción y competencia sobre los
tribunales militares de tiempo de guerra.
38.
Esta seria autolimitación de la Corte Suprema dejó sin recursos a las
personas sometidas a los tribunales militares de tiempo de guerra, los cuales se
caracterizaron por gravísimas violaciones a las normas del debido proceso, tal
como resulta de la presentación que se realiza más adelante.
La posición asumida por la Corte Suprema en esta materia permitió
excluir de su jurisdicción a los tribunales militares en la Constitución de
1980, en el Artículo 79 ya citado.
39.
Algunos casos permitirán evaluar el aspecto relacionado con la aplicación
mecánica y formal de las disposiciones emanadas de la Junta de Gobierno en
ejercicio de la facultad legislativa.
Así, el recurso presentado a favor de la ex-parlamentaria Mireya Baltra
Moreno y Reinaldo Morales, impedidos de regresar a Chile, fue rechazado por la
Corte Suprema basándose en el Decreto Ley Nº 1.009 que declaró ilícitos los
partidos políticos y movimientos marxistas, por considerar que la militancia
comunista de ambos, a la luz de ese dispositivo, “constituyen actividades
contrarias a la seguridad del Estado …”.
40.
En el caso del alto dirigente del Partido Demócrata Cristiano, señor
Andrés Zaldívar, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso interpuesto para
que el afectado pudiese reingresar a Chile, por considerar que los decretos que
se lo impedían habían sido dictados de conformidad con las formalidades
correspondientes al no haber respetado el señor Zaldívar el receso político
impuesto por los decretos leyes Nº 77 de 1973 y Nº 1.697 de 1977.
41.
Otro claro ejemplo de la aplicación mecánica y formal de las
disposiciones emanadas de la Junta de Gobierno por parte del Poder Judicial, lo
constituye el fallo de la Corte Suprema en el caso de los señores Insunza y
Rodríguez en el cual se estima que el Poder Judicial tiene competencia para
conocer los recursos de amparo presentados sólo en lo referido a las
formalidades establecidas en las disposiciones de la Constitución de 1980:
calidad urbana de la localidad al que sean relegados los afectados o
plazo de noventa días durante el cual se pueda aplicar la relegación.
42.
Ese estricto apego a la letra de la ley también ha caracterizado las
actuaciones del Poder Judicial cuando se ha tratado de trasladas a la jurisdicción
militar el conocimiento de delitos cometidos por personal de las fuerzas de
seguridad o en locales militares o policiales; ya se presentarán el este Capítulo
algunos de los resultados obtenidos en esos juicios.
No ha ocurrido lo mismo cuando se ha tratado de investigar, en muchos
casos, graves violaciones a los derechos humanos, como se deduce de la
presentación que sigue.
d. Investigaciones
del Poder Judicial sobre Denunciadas Violaciones a los Derechos Humanos
43.
El Poder Judicial chileno, en general y durante el período cubierto por
el presente Informe, ha incurrido en dos tipos de comportamientos cuando se ha
tratado de investigar denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Por una parte; ha ignorado hechos violatorios de esos derechos cuando
ellos han sido puestos en su conocimiento durante la sustanciación de causas;
por otra parte, no ha empleado todos los recursos a su disposición para
establecer la naturaleza de los hechos denunciados y la identificación de los
responsables de su comisión, antes de elevar sus actuaciones a la justicia
militar. Han existido, por cierto,
notables excepciones a este comportamiento.
44.
Ejemplo del primer tipo de actitud lo constituye el caso de nueve
personas detenidas en diciembre de 1981 –entre ellos Pablo Fuenzalida y Germán
Molina de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Domingo Namuncurá y Jorge
Osorio del Servicio de Paz y Justicia y Eugenio Díaz del Grupo de los 24—acusadas
de “asociación ilícita” en los términos del Decreto Ley Nº 77 de 1973.
Los afectados fueron mantenidos incomunicados en recintos secretos de
detención de la Central Nacional de Informaciones (CNI), donde efectuaron sus
declaraciones iniciales. El Fiscal Militar se declaró incompetente y pasó los
antecedentes a la justicia ordinaria, a disposición del Ministro Sumariante de
la Corte de Apelaciones.
45.
Ante este Ministro, los acusados negaron que hubiesen cometido los
delitos que se les imputaban y manifestaron haber sido torturados durante su
detención por funcionarios de la CNI quienes bajo esa presión los obligaron a
firmar las declaraciones que ellos mismos habían redactado, sin darles la
posibilidad de leer dichas declaraciones por encontrarse con los ojos vendados.
De los diversos aspectos involucrados en ese caso, resulta demostrativo
referirse a la consideración acordada por el Ministro Sumariante a la validez
probatoria de las declaraciones de los imputados proporcionadas por la CNI.
En la sentencia, ese funcionario judicial afirma que la CNI es un
organismo público y, por tanto,
los
actos ejecutados por su Director o miembros revisten también tal carácter, de
manera tal que los documentos que dimanan de ellos y que correspondan a tareas
propias de sus funciones tienen como consecuencia el carácter de instrumentos públicos
para los efectos penales (considerando 3) … además, los reos firmaron y
dejaron estampadas sus impresiones digitales para darle más autenticidad a sus
declaraciones (considerando 6).
46.
Las declaraciones prestadas ante él por los acusados carecieron de
validez para el Ministro Sumariante quien, basándose en los documentos
proporcionados por la CNI, consideró probados los cargos y condenó a los
encausados a 541 días de extrañamiento por el delito de asociación ilícita.
El 30 de septiembre de 1982, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones
confirmó esa sentencia.
47.
Respecto a las denunciadas torturas, no se produjo ninguna actuación
judicial, pues el Ministro Sumariante afirmó que “los procesados no han
rendido prueba alguna sobre el particular, la que evidentemente es difícil en
atención a que los cuarteles de la CNI son secretos por razones de seguridad”.
La sentencia de segunda instancia se limita a señalar que no se
encuentra probada por los acusados la existencia de torturas.
48.
El descubrimiento de 19 cadáveres enterrados clandestinamente en el
cementerio de Yumbel dio lugar a la designación de un Ministro en Visita, el 22
de agosto de 1979, de cuya investigación resultó la identificación de las víctimas
y de los Carabineros involucrados en los hechos.
Producida la incompetencia del Ministro ante la incriminación de
miembros de las fuerzas de seguridad en el caso, pasó los antecedentes a la
justicia militar el 18 de marzo de 1980; el Tribunal Militar encargado procedió
a la ritual aplicación de la amnistía a los inculpados el 8 de junio del mismo
año. Durante las actuaciones, sin
embargo, se pudo establecer que la juez Corina Meza estaba en conocimiento de
las muertes y había autorizado el traslado de los cadáveres al cementerio de
Yumbel. La Corte de Apelaciones de
Concepción le aplicó la sanción de tres meses de suspensión por no haber
investigado esa situación; la Corte Suprema redujo la sanción a una amonestación
por escrito.
49.
En una presentación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, realizada
por los familiares de 62 personas desaparecidas, se solicitó la designación de
un Ministro de Visita para que investigara el conjunto de las desapariciones
denunciadas aduciendo razones de economía de tiempo y eficacia procesal.
Señalaron los solicitantes lo siguiente:
Es
notoria la ausencia de pesquisas de oficio, emanadas de la actividad propia del
tribunal. La casi totalidad de las
informaciones contenidas en los autos han sido producto exclusivo del mayor o
menor interés que le haya respetado a la tramitación el propio familiar del
afectado. Fenómeno que revela la
escasa actividad que sobre materias en que se encuentran comprometidos valores
fundamentales de las personas despliegan nuestros tribunales.
Es ingrato decirlo …, pero el fundamento de este aserto emerge de los
propios procesos.
El
tratamiento individual de cada caso ha sido un factor limitante del progreso de
las investigaciones y, por esa vía, se ha mermado las potencialidades de mayor
éxito de aquéllas. La experiencia
judicial acumulada nos señala que el caso en particular no es capaz de
dimensionar los reales caracteres del fenómeno a que responde y no sobrepasa
las esferas de la situación aislada, ocurrida en sus propias circunstancias de
tiempo, lugar y ambiente.
En
este terreno se ha desfigurado la práctica judicial aplicada y el problema
sometido a su conocimiento.
Enmendar
este estado de cosas implica reconocer que el problema de los detenidos
desaparecidos reviste trascendencia por su especificidad como violación masiva
de derechos humanos; reconocer que los hechos que a esta materia responden
tienen una ubicación geográfica y en el tiempo, bien delimitada; reconocer que
existe una profunda interrelación entre uno y los otros casos; y reconocer que
la responsabilidad predominante de la organización DINA y otros servicios de
seguridad en el secuestro y posterior desaparición de ciudadanos es un aspecto
más que comprobado.
50.
La Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció por fallo del 23 de
marzo de 1981 rechazando la solicitud presentada en consideración a que las
investigaciones requeridas podían ser realizadas individualmente por los jueces
de las causas respectivas. La
presentación realizada en el Capítulo III de este Informe ha permitido
advertir que ninguna de esas investigaciones ha llevado a establecer la situación
de los detenidos desaparecidos ni señalar a los responsables de esos hechos.
51.
Otro caso que debe ser mencionado en este punto es el que culminó con la
muerte de Pedro Andurandegui Sáez, de 19 años de edad, quien fuera detenido el
17 de febrero de 1980 y trasladado al cuartel del Servicio de Investigaciones de
la población José María Caro, en compañía de una joven de 15 años y un
amigo de 17 años. Estas dos últimas
persona han afirmado haber escuchado gritos de dolor del joven Andurandegui, los
cuales cesaron abruptamente. Los
familiares concurrieron al cuartel a efectuar las averiguaciones necesarias y
fueron informados que la víctima había muerto por “exceso de marihuana”.
Los familiares han declarado que el cadáver que les fue entregado
presentaba a múltiples signos de haber sido torturado; el informe de la
autopsia practicada por el Instituto Médico Legal consigna que “la causa de
la muerte es aspiración de contenido flemático regurgitado del estómago. Los vómitos del occiso fueron producidos por convulsiones
originadas luego de haber el cuerpo recibido apremios que le complicaron los
organismos internos.”
Presentada la denuncia correspondiente por los familiares de la víctima,
la juez denegó la solicitud de que los responsables –claramente identificados—fueran
sometidos a proceso.
52.
La somera presentación que antecede abarca una amplia gama de actitudes
del Poder Judicial de Chile que revelan la escasa disposición de muchos de sus
integrantes a cumplir con el deber de agotar todos los recursos a su disposición
para esclarecer las violaciones a los derechos humanos y sancionar a sus
responsables. Debe señalarse que
si bien esta es la actitud claramente predominante, existen valiosas excepciones.
e.
Algunas Actuaciones Positivas del Poder Judicial
53.
Algunos de los casos que han sido citados, o que se encuentran
posteriormente en este Informe, ha permitido apreciar actuaciones positivas de
miembros del Poder Judicial chileno.
54.
Otras actitudes positivas del Poder Judicial de Chile se han traducido en
resoluciones de la Corte Suprema ante situaciones específicas.
Así, ante persistentes negativas del Ministerio del Interior a
proporcionar las informaciones solicitadas por las Cortes de Apelaciones en
recursos del amparo, por considerar ese Ministro que “el recurso es
improcedente”, la Corte de Apelaciones de Concepción remitió a la Corte
Suprema los casos respectivos afirmando que:
Los
hechos anteriores entraban ostensiblemente la labor de este tribunal de justicia
porque según nuestro ordenamiento legal es a los tribunales a quienes compete
declarar si el recurso es o no procedente …
55.
El pleno de la Corte Suprema, ante esa presentación, acordó dirigir al
Ministro del Interior una comunicación en la que se señala lo siguiente:
Que
es a los Tribunales Ordinarios de Justicia, por mandato constitucional y legal,
y no a la autoridad administrativa por elevada que ella sea, a los que les
corresponde adoptar la decisión de si un recurso judicial, como es el de amparo,
es o no procedente acogerlo o rechazarlo.
En
mérito de lo expuesto, espera este Tribunal que usted, en lo sucesivo, tendrá
a bien evacuar, oportunamente, los informes que se les soliciten en los recursos
de amparo por los tribunales del país.
56.
Merece también ponerse de manifiesto el acuerdo de la Corte Suprema del
12 de noviembre de 1984, e el cual, a fin de “velar por los derechos
constitucionales de aquéllos que son detenidos o arrestados por los servicios
que deben practicar tales actuaciones”, el Alto Tribunal dispuso, por mayoría,
lo siguiente:
1º
Oficiar a las Cortes de Apelaciones de la República para que instruyan a los
jueces que ejercen jurisdicción criminal, sobre que en aquéllos procesos en
que les sean denunciados delitos contra la libertad y seguridad de las personas,
y particularmente en aquéllos en que se impute a funcionarios públicos el
agravio, procedan a constituirse de inmediato en el recinto no militar que se
les señale responsablemente por los denunciantes para verificar la efectividad
de ello, debiendo, en caso afirmativo, adoptar medidas tales como ordenar que
los afectados sean puestos a disposición inmediata del tribunal para su
interrogatorio, decretar el examen médico-legal respectivo si los arrestados
denunciaren haber sido víctimas de apremios ilegítimos, sobre lo cual deberán
interrogarlos expresamente, dejando constancia de las lesiones u otras
manifestaciones de violencia que presenten.
2º
Oficiar a las Cortes de Apelaciones del país sobre la conveniencia de que en
aquéllos recursos de amparo interpuestos en favor de personas que se encuentren
privadas de libertad en los recintos de la Central Nacional de Informaciones o
en otro lugar cualquiera, hagan uso de las facultades que les conceden los Artículos
309 y 310 del Código de Procedimiento Penal.
Para tal efecto, el Ministro que sea comisionado para constituirse en el
lugar en que se encuentre el detenido o preso, lo hará de inmediato, asistido
por el Secretario o por el Ministro de Fe que designe.
Procederá a oírlo, sin perjuicio de hacerlo conducir a la Corte
respectiva para ese efecto si lo estimare pertinente, y de exigir la exhibición
de los documentos que justifiquen la detención.
Se
recomienda asimismo que cuando no se juzgare el caso hacer uso de aquella
facultad sino de la señalada en el Artículo 310 antes citado, se decrete que
el detenido sea de inmediato puesto a disposición del Tribunal, usando incluso
la comunicación telefónica respectiva. Se procederá a interrogarlo en el mismo Tribunal o en el
lugar que el Ministro comisionado para ello lo estimare pertinente.
En
ambos casos, si el detenido o arrestado expresare haber sufrido apremios ilegítimos,
el Ministro dejará constancia de las lesiones o de otras manifestaciones de
violencia que pudiere presentar, y dispondrá su examen por el Servicio Médico
Legal, debiendo efectuarse la denuncia respectiva al Juzgado que corresponda.
3º
Los Ministros y los Jueces del Crimen deberán hacer presente, en caso necesario,
a los encargados de los lugares de detención o arresto que el Código Penal les
impone la obligación de presentar a los detenidos o arrestados sin más trámite,
bajo apercibimiento de las sanciones que prescriben los Artículos 148, 149 y
150 del Código Penal, y en particular el número primero de este último
precepto que dispone: “Sufrirán
las penas de presidio o reclusión menores y suspensión en cualesquiera de sus
grados: 1º Los que decretaren o
prolongaren indebidamente la incomunicación de un reo, le aplicaren tormentos o
usaren con él de un rigor innecesario”.
4º
Ofíciese al Sr. Director de la Central Nacional de Informaciones haciéndosele
presente que para los efectos que previenen los Artículos 148, 149 y 150 del Código
Penal, en todos los lugares de detención debe existir siempre un funcionario
responsable para atender de inmediato los requerimientos de los Tribunales de
Justicia, aún en aquéllos casos que se efectúen por la vía telefónica,
porque las disposiciones constitucionales y legales que reglamentan el recurso
de amparo no reconocen limitación alguna en cuanto a los recintos en que pueden
constituirse los Ministros de Corte de Apelaciones, cualquiera que sea el origen
de la orden de detención.
5º
Ofíciese
al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones para que instruya a
los funcionarios de su dependencia acerca de que las personas que sean detenidas
o arrestadas por ese Servicio por un hecho delictivo, sean puestas a disposición
del Tribunal respectivo con estricta observancia de lo prescrito en los Artículos
264, 265, 267 y 269 del Código de Procedimiento Penal.
C.
EL RECURSO DE AMPARO (Habeas Corpus)
a.
Aspectos Jurídicos
57.
El Artículo 16 de la Constitución de 1925 disponía que todo individuo
que se hallare detenido, procesado o preso con infracción a las normas
constitucionales que rigen estas materias:
podrá
ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la
ley, en demanda de que se guarden las formalidades legales.
Esta magistratura podrá decretar que el individuo sea traído a su
presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de
las cárceles o lugares de detención. Instruida
de los antecedentes, decretará su libertad o hará que se reparen los defectos
legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo
en todo breve y sumariamente, corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a
quien corresponda para que los corrija.
58.
El acta Constitucional Nº 3 de 1976 repite de manera casi idéntica el
Artículo 16 de la Constitución de 1925, cambiando la frase “a la
magistratura que señale la ley” por la frase “a la Corte de Apelaciones
respectiva” (Artículo 3). El
inciso 2º de este artículo introduce una importante novedad:
el recurso de amparo preventivo, el cual:
podrá
ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra
privación perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y
seguridad individual. La Corte de
Apelaciones respectiva dictará en tal caso las medidas indicadas en el inciso
anterior que estime conducentes para establecer el imperio del derecho y
asegurar la debida protección al afectado.
59.
El Artículo 21 de la Constitución de 1980 contiene disposiciones muy
similares a las de los otros dos textos, transcribiéndose íntegramente por ser
el precepto constitucional actualmente vigente en esta materia:
Todo
individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo
dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por
cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta
ordene que se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las
providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y
asegurar la debida protección del afectado.
Esta
magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su
decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o
lugares de detención. Instruida de
los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los
defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente,
procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o
dando a quien corresponda para que los corrija.
El
mismo recurso, y en igual forma podrá ser deducido en favor de toda persona que
ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su
derecho a la libertad personal y seguridad individual.
La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en
los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del
derecho y asegurar la debida protección del afectado.
60.
El Código de Procedimiento Penal, e el Libro II, Título V se ocupa de
reglamentar el recurso de amparo. Por
su importancia, cabe destacar las siguientes disposiciones de este cuerpo legal:
(a) el tribunal debe fallar el recurso en el plazo de 24 horas; (b) puede
comisionar a alguno de sus ministros para que se traslade al lugar en que se
encuentra el detenido o preso; (c) puede ordenar que el detenido o preso sea traído
ante su presencia (habeas corpus); (d)
si revoca la orden de detención o prisión o manda subsanar sus defectos debe
pasar los antecedentes al Ministerio Público (Fiscal), el que está obligado a
deducir querella contra el autor del abuso.
61.
El Auto Acordado de la Corte Suprema del 19 de diciembre de 1932
establece que el recurso de amparo debe ser resuelto a la mayor brevedad, y
“no cuando el mal causado por una prisión injusta haya tomado grandes
proporciones o haya sido soportado en su totalidad”.
Si los informes que solicita la Corte exceden de un plazo razonable,
continúa el Auto Acordado, el Tribunal puede prescindir de ellos pues “No sería
posible dejar la libertad de una persona al arbitrio de un funcionario remiso o
maliciosamente culpable en el cumplimiento de una obligación”.
Haciéndose cargo de reclamos formulados por los afectados por
detenciones injustificadas, la Corte Suprema recomienda en es oportunidad que
“una vez acogido un recurso y ordenada la libertad del detenido o preso, cuide
el Tribunal que su sentencia sea debidamente cumplida, para lo cual requerirá
en los casos que estime necesarios, un inmediato informe del funcionario
encargado de darle aplicación o del jefe del establecimiento donde se
encontraba el amparado”.
b.
La Práctica del Recurso de Amparo
62.
Según información proporcionada a la CIDH, entre septiembre de 1973 y
diciembre de 1983, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile y luego la
Vicaría de la Solidaridad asesoraron la interposición de 5.400 recursos de
amparo ante las Cortes de Apelaciones de Santiago y Presidente Aguirre Cerda, en
favor de personas arrestadas por orden de la autoridad política o que sufrieron
perturbaciones en su derecho a la libertad personal.
De toda esta cantidad de recursos, los tribunales sólo acogieron 10, en
muy pocos de los cuales se logró la libertad del afectado.
63.
Sin perjuicio de análisis posterior de algunos casos especialmente
significativos y de las diversas irregularidades que se han observado en la
tramitación y fallo de los recursos, cabe mencionar la lógica fundamental
adoptada por las Cortes y que ha traído como consecuencia el recurso de tan
elevado número de recursos de amparo rechazados.
El razonamiento ha sido el siguiente:
una vez ingresado el correspondiente escrito a la Secretaría de la
Corte, el Tribunal pide informes al Ministerio del Interior.
Si éste contesta que el amparado no ha sido detenido por orden suya –aunque
en el recurso se hayan acompañado testimonios de la detención—el Tribunal,
hace plena fe a lo aseverado por la autoridad política y rechaza el recurso,
puesto que el amparado no ha sido detenido.
Si por el contrario, el Ministerio del Interior responde que el amparado
ha sido detenido en virtud de un decreto exento, la Corte rechaza igualmente el
recurso, puesto que el afectado ha sido arrestado por orden de funcionario que
tiene la facultad legal para ello.
64.
Un caso especialmente demostrativo en esta materia está constituido por
los fallos recaídos en el recurso de amparo rol 1.458-74 de la Corte de
Apelaciones de Santiago, interpuesto en favor de Juan Carlos Menanteaux Aceituno,
detenido por agentes de la DINA en noviembre de 1974.
El 4 de diciembre, el Comando de Combate de la Fuerza Aérea informa al
tribunal que no ha detenido al amparado y que éste no se encuentra procesado
por tribunales de esa Fuerza. El 5
de diciembre, el Ministro del Interior informa que el amparado no está detenido
por orden del Gobierno. El 5 de
febrero de 1975, el Jefe de la Zona en Estado de Sitio de la Provincia de
Santiago señala que el amparado no se encuentra detenido dentro de su
jurisdicción. El 4 de marzo, el
Director de la DINA comunica al Tribunal que la información solicitada debe
pedirse al Ministerio del Interior o a la Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET).
El 21 de marzo, la Corte rechaza el recurso y ordena pasar los
antecedentes al juzgado del crimen para investigar la desaparición del amparado.
Apelado el fallo, el Ministerio del Interior, con fecha 12 de mayo,
informa a la Corte Suprema que el amparado se encuentra detenido en el
campamento de Cuatro Alamos de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto exento Nº
572. En virtud de esta información,
la Corte Suprema confirma el fallo de primera instancia, por
estar detenido el amparado y deja sin efecto la orden de remitir los
antecedentes a la justicia militar.
65.
Otro caso similar ocurrió en 1976, en el recurso de amparo interpuesto
en favor de Manuel Guerrero Ceballos. El
vallo de primera instancia declara sin lugar el recurso por n estar detenido el
amparado. El fallo de segunda instancia confirma el de primera por
estar detenido el amparado.
66.
El plazo dentro del cual debe ser fallado el recurso de amparo, y como
fuera señalado más arriba, es de 24 horas o, al menos, antes de que el mal
causado por una prisión injusta haya sido soportado en su totalidad.
Información proporcionada a la Comisión señala que en ninguno de los
miles de recursos interpuestos en favor de personas detenidas o arrestadas por
razones políticas se ha respetado el plazo establecido en la ley o se ha hecho
cesar oportunamente el mal causado.
67.
La tardanza en el fallo del recurso ha sido una de las condiciones que
han permitido la desaparición de personas después de su arresto.
El 29 de julio de 1974 se interpuso recurso de amparo en favor de José
Manuel Ramírez Rosales (rol 812-74 de la Corte de Apelaciones de Santiago); el
fallo se dictó el 13 de marzo de 1975. El
28 de noviembre de 1974 se interpuso recurso de amparo en favor de Claudio
Guillermo Silva Peralta (rol 1.484-74 de la Corte de Apelaciones de Santiago);
el fallo se dictó el 24 de mayo de 1975. El
20 de diciembre de 1974 se interpuso recurso de amparo en favor de Jorge Antonio
Herrera Cofré (rol 1.626-74 de la Corte de Apelaciones de Santiago); el fallo
se dictó el 28 de mayo de 1975. El
7 de febrero de 1975 se interpuso recurso de amparo en favor de Elías Ricardo
Villar Quijón (rol 38.75 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso); el fallo
se dictó el 12 de diciembre de 1975. Todas
estas personas están “desaparecidas”.
68.
De un estudio de 54 recursos de amparo presentado en el primer semestre
de 1977, se concluyó que ninguno de ellos se había fallado dentro de las 24
horas, 4 se fallaron después de dos meses y uno luego de tres meses.
69.
Esta larga tramitación, que desvirtúa la esencia y finalidad del amparo,
obedece a dos causas fundamentales: la
demora de las autoridades en evacuar los informes pedidos por el Tribunal, por
una parte, y la negligencia de las propias Cortes, por la otra.
70.
Así, desde 1974 los recurrentes empezaron invariablemente a solicitar
que se requirieran informes a la DINA, pero el Director de este organismo
respondía, también invariablemente, que por instrucciones superiores, todas
las informaciones referentes arrestos
debían solicitarse al Ministerio del Interior o al Servicio Nacional de
Detenidos. Así, por ejemplo, el 12 de marzo de 1975, por oficio Nº
X3550/547, el Director de la DINA comunica lo siguiente al Presidente de la
Corte de Apelaciones de Santiago:
He
recibido su Oficio de fecha 12 de marzo de 1975, cuya fotocopia se adjunta y tal
como le expresé personalmente en la reunión que sostuvimos con el Sr. Ministro
del Interior, debo reiterar nuevamente mi posición en el sentido de que debo
cumplir estrictamente las órdenes del Sr. Presidente de la República en el
sentido de informar a usted que toda información de detenidos debe ser
proporcionada a los Tribunales de Justicia, cualquiera de ellos fueren, por el
Sr. Ministro del Interior o por el Servicio Nacional de Detenidos (SENDET).
Si las autoridades competentes le han informado no haber detenido a la
persona buscada, esa es la información oficial.
Saluda a usted, Manuel Contreras Sepúlveda, Coronel, Director de
Inteligencia Nacional.
71.
En un régimen de derecho, esa respuesta hubiese configurado un claro y
sancionable desacato; sin embargo, la Corte Suprema aceptó el planteamiento del
Gobierno, como se desprende de la Resolución Nº 818 adoptada por la pleno de
este tribunal el 27 de marzo de 1975:
Ofíciese
a la Corte de Apelaciones de Santiago, expresándole que esta Corte Suprema
reafirma sus facultades que el Artículo 307 del Código de Procedimiento Penal
confiere a los Tribunales para pedir los datos e informes que considere
necesarios en la tramitación de los recursos de amparo,, pero dada la situación
en que se encuentra el país resulta conveniente usar la vía administrativa
propuesta por el Supremo Gobierno para obtener aquéllos informes.
72.
Posteriormente, el 22 de junio de 1976, el pleno de la Corte Suprema envió
el siguiente oficio a las Cortes de Apelaciones:
Se
ha recibido en este Tribunal el Oficio Nº 57, del 14 del presente mes, emanado
del Sr. Ministro de Justicia, por el que comunica la petición del señor
Ministro del Interior en el sentido de que en lo sucesivo no se oficie a la
Dirección de Inteligencia Nacional requiriendo informaciones de recursos de
amparo u otras que inciden en causas relativas a esas materias.
73.
El acuerdo entre la autoridad política y la Corte Suprema estableció un
privilegio o fuero de hecho en favor de un organismo que ha sido reiteradamente
señalado como responsable de gravísimas violaciones de los derechos humanos.
74.
El actual Director de la CNI, General Humberto Gordon Rubio continuó con
las mismas prácticas, como lo muestra –entre muchos otros—el oficio
dirigido al Presidente de la Corte de Apelaciones del Departamento Presidente
Aguirre Cerda el 1º de agosto de 1980.
1.
Mediante el oficio señalado en la referencia, V.S.I. ha consultado a
esta Central Nacional de Informaciones si BERNARDO ANTONIO REYNALDOS QUINTEROS,
en cuyo favor se dedujo recurso de amparo Rol Nº 143-80, se encuentra detenido.
2.
Sobre el particular, es preciso informar que de acuerdo a disposiciones
precisas del Ministerio del Interior a este organismo n le corresponde dar
respuesta a tales materias.
En
consecuencia, esta consulta, como las que se efectúen a futuro, deben ser
formuladas directamente al Sr. Ministro del Interior, quien cuenta con toda la
información para dar una adecuada respuesta.
General Humberto Gordon Rubio, Director de la CNI.
75.
En el recurso de amparo Rol 132, interpuesto en 1981 en favor del abogado
Raimundo Valenzuela de la Fuente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la
Secretaría del Tribunal estampó en el expediente lo siguiente:
“CERTIFICO: que respecto
al informe solicitado en forma telefónica, éste no fue posible porque en
oportunidades anteriores el Abogado Asesor de la CNI ha informado que sólo se
hace por oficio y a través del Ministerio del Interior”.
76.
Esta práctica de no informar a las Cortes fue continuada por la CNI,
sucesora legal de la DINA. Un ejemplo de esto, entre muchos, es el Oficio B-7 20550, del
14 de junio de 1979, dirigido por el Director de la CNI al Presidente de la
Corte de Apelaciones de Santiago, que se transcribe a continuación:
1.
Por el Oficio señalado en la referencia, usted ha consultado a esta
Central Nacional de Informaciones par que emita un pronunciamiento en relación
al recurso de amparo rol 441-79 deducido en favor del ciudadano José Nazario
Valderrama, quien habría sido detenido el lunes 28 de mayo por personal de
civil.
2.
Por circular del 25 de mayo de 1978, el señor Ministro del Interior
reiteró las instrucciones relativas a la entrega de información por parte de
la CNI a los Tribunales de Justicia.
3.
Toda la información que se requiera de la CNI debe ser solicitada a través
del Ministerio del Interior, prohibiéndose expresamente a este organismo
proporcionar directamente a los Tribunales de Justicia cualquier información,
salvo que el requerimiento haya sido canalizado a través de esta Secretaría de
Estado.
4.
Por la razón antes consignada, esta Central Nacional de Informaciones no
podrá dar respuesta al Oficio de la referencia, situación que pongo en
conocimiento de usted con el objeto que solicite la información por intermedio
del Ministerio del Interior.
77.
Así, al plazo que demora el oficio de la CNI denegando la información,
debe agregarse el plazo que se toma el Ministro del Interior para evacuar el
informe solicitado por el Tribunal.
78.
En 1979 pueden señalarse, a título ilustrativo, los siguientes casos:
|
Nombre
del amparado
|
Rol
|
Plazo
que demoró la respuesta
|
|
Rubén
Bobadilla
|
643
|
26
días
|
|
Erasmo López
|
649
|
20
días
|
|
Ana Luisa
Peñalillo
|
655
|
11
días
|
|
César
Fredes
|
656
|
11
días
|
|
Marcela
Consignani
|
568
|
24
días
|
|
Manuel
Hernández
|
694
|
10
días
|
79.
Como puede advertirse, la demora de esta Secretaría de Estado es
absolutamente incompatible con la naturaleza del recurso.
80.
Debe señalarse, además, que las informaciones proporcionadas por el
Ministerio del Int
