INFORME Nº 11/96
CASO 11.230
CHILE[1]
3 de mayo de 1996 

            I.          ANTECEDENTES 

            1.         El 21 de abril de 1993, el señor Francisco Martorell y la imprenta Editorial Planeta publicaron un libro en la Argentina titulado "Impunidad diplomática", sobre las circunstancias que condujeron a la partida del ex Embajador argentino en Chile Oscar Spinosa Melo.  El libro debía estar disponible para su comercialización en Chile al día siguiente. 

            2.         Sin embargo, el mismo día 21 de abril de 1993, el señor Andrónico Luksic Craig, empresario chileno, presentó un "recurso de protección" ante la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.  El señor Luksic, alegando que el libro violaba su derecho a la privacidad, solicitó que se prohibiese su circulación.  La Corte de Apelaciones de Santiago dictó una "orden de no innovar" que prohibió temporalmente el ingreso, distribución y circulación del libro en Chile hasta que se adoptase una decisión definitiva sobre el caso. 

            3.         Posteriormente, se entablaron varias acciones penales ante los tribunales chilenos contra el señor Martorell por personas que alegaban que el contenido del libro "Impunidad diplomática" era calumnioso e injurioso a su honor y dignidad.  En la actualidad esos procesos continúan en trámite en el ámbito de la jurisdicción interna de Chile. 

            Litigio ante los tribunales chilenos 

            4.         El 31 de mayo de 1993, la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo de dos votos contra uno, acogió el recurso de protección interpuesto por el señor Luksic y emitió una orden de no innovar que prohibía la "internación y comercialización" del libro en Chile. 

            5.         Se presentó una apelación a través de un "recurso extraordinario" ante la Corte Suprema de Justicia Chile invocando las garantías constitucionales sobre libertad de prensa.  El 15 de junio de 1993, en una decisión unánime, la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación, y la circulación del libro fue prohibida. 

            6.         El 28 de junio de 1993, la Corte de Apelaciones notificó oficialmente al señor Martorell de su decisión final acerca del recurso de protección. 

            II.          PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

            7.         El 23 de diciembre de 1993, la Comisión recibió la denuncia que interpusieron Human Rights Watch/Americas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con relación a este caso.  En la misma se alegaba que la prohibición de la entrada, distribución y circulación, en Chile, del libro titulado "Impunidad diplomática" constituía una violación del artículo 13(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que protege el Derecho de Libertad de Pensamiento y Expresión y dispone específicamente que: "el ejercicio del derecho . . . no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores". 

            8.         La Comisión transmitió las partes pertinentes de la petición al Gobierno Chileno el día 16 de febrero de 1994, y le solicitó a éste información sobre los hechos u otra información pertinente en el término de 90 días. 

            9.         El 30 de marzo de 1994, la Comisión recibió información adicional de los peticionarios, la cual fue transmitida al Gobierno el 15 de abril de 1994. 

            10.       Con fecha 8 de junio de 1994, la Comisión recibió una nota del Gobierno en la que se solicitaba una prórroga de 60 días para dar respuesta a la demanda, la cual fue otorgada. 

            11.       El Gobierno chileno solicitó una extensión adicional de 30 días el 7 de septiembre de 1994, que fue otorgada. 

            12.       El día 13 de octubre de 1994, la Comisión recibió la respuesta del Gobierno y la transmitió a los peticionarios el 28 del mismo mes y año. 

            13.       La Comisión recibió, con fecha 16 de noviembre de 1994, una comunicación de CEJIL y de Human Rights Watch/Americas en la cual exponen los términos de su participación en el caso. 

            14.       El 5 de diciembre de 1994, la Comisión recibió las observaciones de los peticionarios a la respuesta del Gobierno, cuyas partes pertinentes fueron transmitidas al Gobierno el 19 de diciembre de 1994. 

            15.       El día 11 de febrero de 1995 se celebró una audiencia sobre este caso en la que participaron los peticionarios y representantes del Estado chileno. 

            16.       El 6 de febrero de 1995, la Comisión se dirigió a las partes para ponerse a disposición de las mismas con miras a lograr una solución amistosa del asunto.

Los peticionarios respondieron que aceptarían esa propuesta de la Comisión siempre y cuando el Estado de Chile levantase previamente la prohibición del libro "Impunidad diplomática" del señor Martorell y permitiese su libre entrada, circulación y distribución en su territorio. 

            17.       El 6 de marzo de 1995, el Gobierno chileno, en respuesta a la propuesta de los peticionarios, envió una nota a la Comisión en la cual expresa que mientras el señor Martorell se rehuse a presentarse ante los tribunales chilenos no se consideraría una solución amistosa.  Esta nota fue transmitida a los peticionarios el 9 de marzo de 1995. 

            18.       Con fecha 5 de julio de 1995, el Gobierno de Chile presentó sus comentarios a las observaciones formuladas por los peticionarios mediante los cuales ratificó en todas sus partes las peticiones que formuló el Gobierno en su respuesta a la denuncia.  El 18 del mismo mes se transmitió a los peticionarios copia de esos comentarios. 

            19.       El 8 de septiembre de 1995 se celebró una audiencia sobre el caso en la que participaron los peticionarios y representantes del Gobierno chileno. 

            20.       El 14 de septiembre de 1995, la Comisión aprobó, de acuerdo con el artículo 50 de la Convención Americana, el Informe 20/95 sobre este caso y lo transmitió al Ilustrado Gobierno de Chile con fecha 6 de octubre de 1995.  El Gobierno chileno dio respuesta a este informe el día 8 de febrero de 1996. 

            21.       Con fecha 19 de marzo de 1996, la Comisión transmitió al Gobierno de Chile el Informe 11/96.  En la nota de transmisión se informó al Ilustrado Gobierno de Chile que la Comisión había dado su aprobación final al informe y ordenado su publicación.

            22.       El 2 de abril de 1996, la Comisión se dirigió al Gobierno de Chile con el objeto de informarle que se había acordado posponer la publicación del Informe 11/96, en vista de la información sobre nuevos hechos que los peticionarios remitieron a la CIDH con fecha 27 y 29 de marzo de 1996. 

            23.       Con fecha 22 de abril de 1996, el Representante Permanente de Chile ante la Organización se dirigió a la Comisión con el objeto de expresar el parecer de su Gobierno sobre la decisión de posponer la publicación del Informe 11/96. 

            24.       El día 2 de mayo de 1996, se celebró una audiencia a solicitud de los peticionarios, en la que participaron éstos y los representantes del Gobierno chileno y, el 3 de mayo del mismo año, introdujo modificaciones en el cuerpo del Informe 11/96, pero no introdujo las conclusiones y recomendaciones del informe. 

            III.         ADMISIBILIDAD 

            25.       La Comisión tiene competencia para considerar este caso, porque se trata de acciones respecto de las cuales se alega violación de los derechos establecidos en el artículo 13 de la Convención. 

            26.       La petición no está pendiente en ningún otro procedimiento internacional de conciliación, ni constituye una reproducción de una petición ya examinada por la Comisión. 

            27.       El procedimiento de solución amistosa establecido por el artículo 48.1(f) de la Convención y por el artículo 45 del Reglamento de la Comisión fue propuesto por la Comisión a las partes, pero no se pudo llegar a un acuerdo. 

            28.       Como consta en los registros, el peticionario ha agotado los recursos establecidos en el marco de la legislación chilena.  Sin embargo, el Gobierno sostiene que la petición fue presentada fuera del límite de seis meses establecido por el artículo 46.1(b) de la Convención y el artículo 38 del Reglamento de la Comisión. 

            A.        Posición de las partes acerca de la admisibilidad del caso 

            1.         Del Gobierno 

            29.       El Gobierno afirma que la decisión final sobre este caso fue el fallo dictado por la Corte Suprema de Chile el 15 de junio de 1993.  Según el Gobierno los peticionarios confundieron la fecha de notificación, por la Corte de Apelaciones, de la decisión de la Corte Suprema con la fecha real del fallo final de ésta.  Para emitir una notificación, que en realidad constituye sólo parte de la ejecución de la sentencia, la Corte debe verificar que no existen apelaciones pendientes. 

            30.       El Gobierno sostiene que la denuncia presentada a la Comisión se efectuó tomando en cuenta la notificación del la Corte de Apelaciones, estando así fuera del límite de seis meses establecido por el artículo 46.1.b de la Convención, el artículo 35.b y el artículo 38.1 del Reglamento de la Comisión.  En vista de lo antedicho, el Gobierno solicitó que la Comisión declarase inadmisible la petición. 

            2.         De los Peticionarios 

            31.       Los peticionarios alegan que la notificación personal de 28 de junio de 1993, efectuada por la Corte de Apelaciones, mediante la cual se comunicó al peticionario que la Corte Suprema había confirmado la decisión de prohibir la entrada y circulación, en Chile, del libro "Impunidad diplomática" debía ser considerada por la CIDH     como la fecha a partir de la cual comienza a contarse el plazo de seis meses que establece el artículo 46.1(b) de la Convención. 

            32.       Por otra parte, los peticionarios afirman que la total prohibición de la entrada, distribución y circulación del libro en Chile constituye una violación continuada y que, por tal motivo, el límite de seis meses no es pertinente en este caso. 

            B.        Análisis de la Comisión sobre la admisibilidad de la petición 

            33.       El límite de seis meses establecido en el artículo 46.1(b) de la Convención tiene un propósito doble:  asegurar la certeza jurídica y proporcionar a la persona involucrada tiempo suficiente para considerar su posición. 

            34.       Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno de Chile en el presente caso, el plazo de seis meses no debe contarse a partir de la fecha en que la Corte Suprema adoptó la decisión final sino, como establece la Convención Americana, "a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva". 

            35.       Por lo expuesto, la Comisión considera que la denuncia que interpusieron los peticionarios en el presente caso fue presentada dentro del plazo previsto en el artículo 46.1(b) de la Convención Americana y en el artículo 38 del Reglamento de la Comisión y que, en consecuencia, el caso es admisible. 

            36.       Por otra parte, con referencia a la disposición citada en el párrafo anterior, la Comisión considera que la misma no debe interpretarse de una manera excesivamente formal que comprometa el interés de la justicia.  La Corte Interamericana ha declarado al respecto que: 

            Es generalmente aceptado que el sistema procesal constituye una forma de lograr justicia y que ésta no puede sacrificarse por meras formalidades.  Dentro de ciertos oportunos y razonables límites, ciertas omisiones o demoras en el cumplimiento del procedimiento pueden excusarse, siempre que se mantenga un adecuado equilibrio entre la justicia y la certeza jurídica.[2]

            IV.     POSICIÓN DE LAS PARTES SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

            A.        De los Peticionarios 

            37.       Los peticionarios afirman que la Convención, cuando garantiza la libertad de pensamiento y de expresión, procura preservar la autonomía individual al reconocer y proteger los derechos de expresar, crear y recibir información.  Además, la protección de este derecho asegura el funcionamiento de un gobierno democrático al garantizar el libre intercambio de ideas en la vida pública. 

            38.       El artículo 13 garantiza el derecho de "buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole", a través de cualquier medio de su elección.  La Convención procura maximizar la posibilidad de participar en el debate público, garantizando no sólo la libertad de pensamiento sino también reconociendo el derecho colectivo de estar informado y el derecho de réplica.  La Convención garantiza el derecho de expresión de tal forma que también proteja el derecho a una diversidad de fuentes de información.  El derecho de réplica también se protege para asegurar que las personas afectadas por información inexacta o difamatoria puedan tener acceso a la esfera pública. 

            39.       Como consecuencia de esta amplia interpretación del concepto de libertad de pensamiento y de expresión, se han contemplado limitaciones estrictas a las restricciones que pueden aplicarse a esos derechos.  La Convención contiene normas generales que prevén las posibles restricciones a los derechos que garantiza.  Sin embargo, en el caso de la libertad de pensamiento y de expresión, estas normas deben interpretarse de acuerdo con los límites específicos establecidos por el artículo 13 de la Convención. 

            40.       Los peticionarios sostienen, asimismo, que la censura previa del libro del señor Martorell viola una prohibición explícita del artículo 13 (2) de la Convención.  El artículo 13 (2) contiene una clara e intencional distinción entre la censura previa y la subsiguiente imposición de responsabilidad.  La primera, en la opinión de los peticionarios, está expresamente prohibida, mientras que la segunda sólo se permite cuando es necesaria para asegurar el respeto de los derechos y la reputación de otros. 

            41.       Considerando que la libertad de expresión es un derecho fundamental, la Convención prohíbe absolutamente cualquier recurso de censura previa como medio de proteger el derecho al honor y establece que la imposición subsiguiente de responsabilidades constituye la única forma adecuada y aceptable de evitar abusos en el ejercicio de la libertad de expresión. 

            B.        Del Gobierno 

            42.       El Gobierno de Chile señala que el conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor y la dignidad es un tema difícil.  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Chile es parte, establece que la libertad de expresión (aunque no de opinión) puede estar sujeta a ciertas restricciones, las cuales deben estar contempladas en la ley, cuando sean necesarias para asegurar el respeto de los derechos y la reputación de otros. 

            43.       El artículo V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce que: 

          Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. 

            44.       La Convención también reconoce en el artículo 11 la protección del derecho a la honra y la dignidad personal, concluyendo en el párrafo 3 que: 

          Toda persona tiene el derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

            45.       Además, el Gobierno sostiene que está sujeto a obligaciones diferentes y contradictorias en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por una parte, y en la Convención Americana, por la otra.  Según el Gobierno, existe una diferencia fundamental entre las obligaciones que establece el Pacto y las que prevé la Convención Americana, y el Estado de Chile debe respetar ambos instrumentos.  La Convención, cuando establece que este derecho sólo estará sujeto a la imposición subsiguiente de responsabilidad es menos amplia que el Pacto, que acepta las restricciones contempladas en la ley para proteger los derechos y la reputación de otros.  El Pacto distingue entre la libertad de expresión y el derecho a la libertad de opinión.  La primera puede estar sujeta a varias restricciones, mientras que el segundo constituye un derecho absoluto. 

            46.       La acción tomada contra la publicación y la circulación del libro titulado "Impunidad diplomática" no afectó, según el Gobierno, la libertad de opinión del autor, ya que su contenido no expresaba opiniones o pensamientos del autor sino sólo material difamatorio y ofensivo sobre la vida privada de varias personas. 

            47.       El Gobierno también hace referencia al artículo 25, que establece el derecho a un simple y oportuno recurso para la protección de los derechos garantizados por la Convención.  Según el Gobierno, esta disposición establece que el recurso sea adecuado para garantizar los derechos protegidos en la Convención incluso antes de que haya ocurrido una violación, siempre y cuando un derecho esté en peligro inminente de ser violado.  Tal es la petición de protección aplicada en este caso. 

            48.       Según el Gobierno, la legislación chilena establece un equilibrio armónico entre el derecho a la honra y la privacidad y la libertad de expresión.  Si bien la censura previa es inaceptable y contraria al gobierno democrático, ello no significa que no pueda aplicarse en ciertos casos excepcionales previstos por la ley. 

            49.       En Chile existe una división absoluta entre los poderes ejecutivo y judicial.  En el presente caso, el Gobierno no tomó acción alguna contra el libro.  El fallo en cuestión fue una decisión independiente de los tribunales basada en la legislación chilena.  En opinión del Gobierno chileno no puede considerarse que una decisión independiente adoptada por el poder judicial, que admite un recurso prescrito por la Constitución, constituya violación de un derecho humano. 

            50.       En cuanto a la imposición subsiguiente de responsabilidad, a pesar de los numerosos recursos presentados ante los tribunales chilenos, ello ha sido hasta ahora imposible debido a que el acusado se ha negado a someterse a la jurisdicción de los tribunales chilenos.  Además, en opinión del Gobierno de Chile, el peticionario no puede exigir su derecho de libertad de expresión mientras se rehúse a aceptar las decisiones de los tribunales chilenos en los casos presentados contra él por los hechos alegados en el libro en cuestión. 

            V.        ANÁLISIS 

            51.       El Gobierno de Chile no controvierte ninguno de los hechos alegados en la denuncia.  Cuestiona, en cambio, lo siguiente: 

            -           en primer lugar, si las decisiones de los tribunales chilenos de prohibir la entrada, circulación y distribución del libro titulado "Impunidad diplomática" en Chile constituye una violación de los derechos protegidos en el artículo 13 de la Convención; 

            -           en segundo lugar, si la violación de ese derecho podría justificarse, como pretende el Gobierno, en razón de la violación de otro derecho como es la protección de la honra y dignidad que reconoce el artículo 11 de la Convención y, por último, 

            -           si el señor Martorell por su conducta estaría impedido de reclamar a la Comisión que se le garantice el goce del derecho que pretende. 

            52.       A continuación se analizan cada uno de los planteamientos del Gobierno de Chile. 

            1.         El derecho a publicar, circular y distribuir un libro sin censura previa 

            El artículo 13 de la Convención declara que: 

            1.         Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

            2.         El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

            a.    el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o 

            b.     la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
 

            3.         No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
 

            4.         Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
 

            5.         Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

            53.       El artículo 13 de la Convención engloba dos aspectos: el derecho de expresar pensamientos e ideas y el derecho de recibirlas.  Por lo tanto, cuando este derecho es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo el derecho individual de expresar información e ideas, sino también el derecho de la comunidad en general de recibir todo tipo de información y opiniones.  La Corte Interamericana ha declarado lo siguiente sobre este tema: 

             . . . cuando la libertad de expresión de una persona es restringida ilegalmente, no es sólo el derecho de esa persona el que se está violando, sino también el derecho de los demás de "recibir" información e ideas.  En consecuencia, el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales, que se evidencian por el doble aspecto de la libertad de expresión.  Por una parte, requiere que nadie se vea limitado o impedido arbitrariamente de expresar sus propios pensamientos.  En ese sentido, es un derecho que pertenece a cada persona.  En su segundo aspecto, por otra parte, implica un derecho colectivo de recibir cualquier información y de tener acceso a los pensamientos expresados por los demás.[3] 

            54.       En la misma Opinión la Corte consideró, además, que los dos aspectos de la libertad de expresión deben garantizarse simultáneamente.[4] 

            55.       La Convención permite la imposición de restricciones sobre el derecho de libertad de expresión con el fin de proteger a la comunidad de ciertas manifestaciones ofensivas y para prevenir el ejercicio abusivo de ese derecho.  El artículo 13 autoriza algunas restricciones al ejercicio de este derecho, y estipula los límites permisibles y los requisitos necesarios para poner en práctica estas limitaciones.  El principio estipulado en ese artículo es claro en el sentido de que la censura previa es incompatible con el pleno goce de los derechos protegidos por el mismo.  La excepción es la norma contenida en el párrafo 4, que permite la censura de los "espectáculos públicos" para la protección de la moralidad de los menores.  La única restricción autorizada por el artículo 13 es la imposición de responsabilidad ulterior.  Además, cualquier acción de este tipo debe estar establecida previamente por la ley y sólo puede imponerse en la medida necesaria para asegurar: a) el respeto de los derechos o la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

            56.       La interdicción de la censura previa, con la excepción que prevé el párrafo 4 del artículo 13, es absoluta.  Esta prohibición existe únicamente en la Convención Americana.  La Convención Europea y el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos no contienen disposiciones similares.  Constituye una indicación de la importancia asignada por quienes redactaron la Convención a la necesidad de expresar y recibir cualquier tipo de información, pensamientos, opiniones e ideas, el hecho de que no se prevea ninguna otra excepción a esta norma. 

            57.       El carácter fundamental del derecho de libertad de expresión fue subrayado por la Corte cuando declaró que: 

            La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática.  Resulta indispensable para la formación de la opinión pública.  También constituye una conditio sine qua non para el desarrollo de los partidos políticos, los gremios, las sociedades científicas y culturales y, en general, de todos los que desean influir al público.  En resumen, representa la forma de permitir que la comunidad, en el ejercicio de sus opciones, esté suficientemente informada.  En consecuencia, puede decirse que una sociedad que no está bien informada no es verdaderamente libre.[5] 

            58.       El artículo 13 determina que cualquier restricción que se imponga a los derechos y las garantías contenidos en el mismo, debe efectuarse mediante la imposición de responsabilidad ulterior.  El ejercicio abusivo del derecho de libertad de expresión no puede estar sujeto a ningún otro tipo de limitación.  Como lo señala la misma disposición, quien ha ejercido ese derecho en forma abusiva, debe afrontar las consecuencias ulteriores que le incumban. 

            59.       En virtud de los razonamientos expuestos la Comisión considera que la decisión de prohibir la entrada, la circulación y la distribución del libro "Impunidad diplomática", en Chile, infringe el derecho a difundir "informaciones e ideas de toda índole" que Chile está obligado a respetar como Estado Parte en la Convención Americana. Dicho en otros términos, tal decisión constituye una restricción ilegítima del derecho a la libertad de expresión, mediante un acto de censura previa, que no está autorizado por el artículo 13 de la Convención.  

            2.         Los derechos a la privacidad, la honra y la dignidad 

            60.       Corresponde analizar a continuación el segundo asunto presentado por el Gobierno de Chile en este caso: la obligación de proteger el derecho a la honra y la dignidad y su posible conflicto con el derecho a la libertad de expresión. 

            61.       El Gobierno de Chile ha señalado que los derechos a la honra y la dignidad con frecuencia están en conflicto con la libertad de expresión, y que el Estado debe procurar equilibrar estos derechos con las garantías inherentes en la libertad de expresión y, por último, que un derecho puede ser sacrificado en virtud de otro derecho considerado más importante. 

            62.       La Convención Americana reconoce que pueden existir limitaciones cuando los distintos derechos protegidos en la misma se hallan en conflicto.  Además, el texto del artículo 13 reconoce que el derecho a la libertad de expresión está sujeto a restricciones con el fin de asegurar el "respeto a los derechos o a la reputación de los demás". 

            63.       A juicio del Gobierno de Chile y también de los tribunales chilenos que decidieron este asunto, en caso de conflicto entre las normas del artículo 11 relativas a la protección de la honra y de la dignidad y las del artículo 13 que reconocen la libertad de expresión, deben prevalecer las primeras. 

            64.       Por su parte, los peticionarios ha sostenido que no ha aportado prueba alguna con referencia a la alegada violación del derecho a la honra y a la dignidad porque ese tema estaba en discusión no en estas actuaciones sino en los tribunales chilenos y que, por consiguiente, a la Comisión no le correspondía pronunciarse al respecto. 

            65.       La Convención Americana reconoce y protege el derecho a la privacidad, la honra y la dignidad en el artículo 11.  Este artículo reconoce la importancia del honor y la dignidad individuales al establecer la obligación de respetar esos derechos; que estos derechos deben estar libres de interferencias arbitrarias o abusivas o ataques abusivos, y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales interferencias o ataques. 

            66.       Además, los artículos 1 y 2 de la Convención establecen la obligación de asegurar los derechos protegidos por la Convención, y requieren que los Estados partes adopten "las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos (reconocidos en la Convención) y libertades".  En consecuencia, todos los Estados Parte en la Convención tienen la obligación de asegurar que estos derechos sean adecuada y efectivamente protegidos por sus ordenamientos jurídicos internos. 

            67.       De acuerdo con la Convención, el Estado de Chile tiene una obligación positiva de proteger a las personas que se hallan dentro de su jurisdicción de las violaciones del derecho a la privacidad y, cuando ese derecho fuese violado, proporcionar soluciones prontas, efectivas y adecuadas para reparar cualquier perjuicio derivado de una violación de ese derecho. 

            68.       En el presente caso se alega que el contenido del libro titulado "Impunidad diplomática" afectó la honra de algunas personas y que, bajo el pretexto de describir las circunstancias que condujeron a la partida de Chile del Embajador argentino, se realizaron ciertos ataques no relacionados contra individuos privados.  Según el Gobierno, estos ataques fueron calificados de una gravedad tal, que sólo la total prohibición del libro podía considerarse una solución efectiva y adecuada para proteger el derecho a la privacidad y la honra de las víctimas. 

            69.       La Comisión considera que no le corresponde examinar el contenido del libro en cuestión ni la conducta del señor Martorell porque carece de competencia para pronunciarse al respecto, y porque el derecho a la honra está debidamente protegido en la legislación chilena.  Además, las personas que se consideren lesionadas en su honra y su dignidad cuentan, como surge de lo actuado en el presente caso, con recursos adecuados en los tribunales de justicia chilenos para dirimir esa cuestión. 

            70.       Por tal motivo la Comisión no puede aceptar el punto de vista del Gobierno de Chile en el sentido de que el derecho al honor tendría una jerarquía superior que la que tiene el derecho a la libertad de expresión. 

            El artículo 29, establece que: 

          Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
 

            a.         permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella.
 

            Por su parte, el artículo 32, párrafo 2 dispone:
 

            2.         Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en esa sociedad democrática. 

            71.       La Comisión considera que la interpretación de los derechos contenidos en estos artículos no presenta, como sostiene el Gobierno de Chile, un conflicto de diferentes principios entre los que haya que escoger.[6] 

            72.       En el mismo sentido, las disposiciones del artículo 11 no pueden interpretarse, por los órganos del Estado de tal forma que resulten en una violación  del artículo 13 de la Convención Americana, que prohibe la censura previa. En el escrito de respuesta a la denuncia de los peticionarios, el Gobierno de Chile sostuvo que: 

            En la especie no se ha impedido la publicación de ninguna opinión, pensamiento o idea, y solamente se ha buscado proteger la honra de las personas, como lo autorizan --más precisamente, lo ordenan-- tanto la Convención, el Pacto y la Constitución Chilena, todas en esta materia en perfecta armonía. 

            73.       La Comisión no está de acuerdo con ese argumento porque la forma de proteger la honra que ha utilizado el Estado de Chile en el presente caso es ilegítima.  Aceptar el criterio utilizado por Chile en el caso del señor Martorell implica dejar al libre arbitrio de los órganos del Estado la facultad de limitar, mediante censura previa, el derecho a la libertad de expresión que consagra el artículo 13 de la Convención Americana. 

            74.       Al reglamentar la protección de la honra y de la dignidad a que hace referencia el artículo 11 de la Convención Americana --y al aplicar las disposiciones pertinentes del derecho interno sobre esa materia-- los Estados Parte tienen la obligación de respetar el derecho de libertad de expresión.  La censura previa, cualquiera sea su forma, es contraria al régimen que garantiza el artículo 13 de la Convención. 

            75.       El posible conflicto que pudiese suscitarse en la aplicación de los artículos 11 y 13 de la Convención, a juicio de la Comisión, puede solucionarse recurriendo a los términos empleados en el propio artículo 13, lo que lleva a considerar el tercer punto en cuestión. 

            3.         Responsabilidades ulteriores de quien vulnera el derecho a la honra 

            76.       El apoderado del señor Martorell, según consta en el expediente, en su defensa ante los tribunales chilenos afirmó que: 

            . . . si eventualmente se estableciera, en un juicio legalmente afinado, la existencia de abuso o delito en el ejercicio de esta garantía constitucional, deberá responder de ello en su oportunidad.  El medio idóneo previsto en nuestra legislación, con tal fin, es la presentación de la denuncia o querella ante la justicia del crimen. 

            77.       Al respecto, el Gobierno de Chile, en el capítulo VII, último párrafo, del escrito de respuesta, expresa lo siguiente: 

            Si la Comisión estima que el Estado de Chile, a través de la resolución de sus tribunales, ha violado la Convención, al menos debiera exigir que el peticionario se presente a asumir las responsabilidades que la misma Convención le exige, y que tan ostentosamente anunció en su petición. 

            78.       En todo caso, habiéndose acreditado en la audiencia celebrada el día 2 de mayo de 1996, que el señor Martorell ha sido condenado penal y civilmente, y ha aceptado regresar a Chile a efecto de notificarse de la sentencia, la cuestión planteada por el Gobierno chileno ante la Comisión con referencia a las responsabilidad ulteriores del  señor Martorell ha perdido vigencia y, por consiguiente, la CIDH estima que no le corresponde pronunciarse al respecto.[7]